Endurecimiento migratorio

Mientras en la ciudad de México el embajador estadounidense y el canciller mexicano intercambian declaraciones en las que el segundo se queja de inconsistencia, como si fuera imposible aceptar dos realidades contradictorias pero ciertas, en Washington avanzan como la humedad las medidas tendientes a endurecer la política migratoria.
Ciertamente, el diferendo declarativo no tiene sentido pues el gobierno estadounidense sólo pone en palabras dos verdades contundentes: por un lado, México ha mejorado su capacidad de captura de droga y narcotraficantes; por el otro, estamos entre los principales productores de precursores químicos, indispensables en el procesamiento de determinadas drogas. En cambio, el endurecimiento migratorio de Estados Unidos, también cierto por desgracia, pasa hoy por una escalada que, de consolidarse, dañará de tal modo la relación bilateral que Felipe Calderón tendrá muy poco que esperar de los dos últimos años del gobierno de Bush.
Es claro que en este momento lo electoral permea toda la vida política estadounidense, dados los comicios de noviembre para renovar la totalidad de la Cámara baja y un tercio del Senado. Pero en su empeño por mantener la mayoría en el Congreso, los diputados republicanos aprobaron la construcción de más de mil kilómetros de muro entre México y Estados Unidos y de mil 800 torres de vigilancia provistas de cámaras, sensores y rastreadores capaces de detectar movimientos en siete kilómetros.
Aunque se alega que esas medidas de endurecimiento migratorio están dirigidas no sólo a proteger la frontera estadounidense con México sino también con Canadá, o que difícilmente podrán llevarse a cabo aun si llegaran a aprobarse en el Senado debido a dificultades presupuestarias, es vergonzoso ver que en nuestra frontera común aparezcan los fantasmas del Muro de Berlín, de campos de concentración o cárceles terriblemente sofisticadas, elementos muy distantes del tipo de relación que se espera entre vecinos, amigos y socios.
En Washington se habla de que existe la posibilidad de que, aun aprobándose la ley, las estrecheces financieras pudieran reducirla a un mero "proyecto piloto" que implicaría la construcción de "sólo" 28 kilómetros de muralla y dos torres de vigilancia. Sin embargo, esto no cambiaría el carácter francamente inamistoso de la medida; no es la cantidad de barreras, sino la calidad de la relación bilateral lo que está en juego.
¿De qué depende lo anterior? Básicamente de cómo voten los senadores republicanos. Si bien en teoría, la mayoría estaría por el endurecimiento migratorio, las cifras no son definitivas. Por un lado, algunos de los que estarían a favor temen que votar así implicará enterrar el acuerdo bipartidista al que se habría llegado hace algunos meses, que planteaba una reforma migratoria integral. Les preocupa también el costo no sólo financiero sino político pues podrían perder electores, sobre todo entre quienes se han manifestado masivamente en pro de una reforma integral. Por el otro, no puede ignorarse el peso de los legisladores más recalcitrantes, más conservadores y más activistas que se encuentran en distritos clave, mismos que intentan preservar, votando a favor del endurecimiento.
Resulta casi paradójico que al lanzar su agenda de política exterior, Fox haya puesto el dedo en la llaga señalando no sólo que Estados Unidos acapararía gran parte del trabajo diplomático sino que éste se centraría en la cuestión migratoria, fundamental para la vida y seguridad de nuestros compatriotas, pero haya dejado de lado el hecho conocido de que la política migratoria estadounidense se decide en el Congreso. Al hablar y acordar acerca de esta materia con su amigo Bush, Fox se equivocaba de interlocutor. Y quienes tenían la obligación de orientarlo simplemente no lo hicieron, por ignorancia o simple irresponsabilidad. Pese a las múltiples reuniones entre parlamentarios de uno y otro lado, el Ejecutivo mexicano estuvo ausente donde tenía que estar presente. En todo caso, el resultado es el mismo: la reforma migratoria es una asignatura pendiente y, dada la práctica estadounidense de que al finalizar una legislatura se da por terminada su agenda, parece que tendremos que empezar de nuevo.
Ojalá en el futuro Ejecutivo y Legislativo actúen coordinadamente a fin de que cuando se reabra el debate migratorio en Estados Unidos, México hable no sólo con una voz sino con quien se debe y como se debe.

Editorial publicada en el Universal el 28 de Septiembre del 2006 por Rosario Green

Herencia Política

El Congreso de Estados Unidos se dispone a autorizar la construcción de un muro a lo largo de un tercio de la frontera con México. Ni los esfuerzos de la opinión pública estadounidense ni el movimiento proinmigrante pudieron contener la decisión.
La mayoría de los diarios estadounidenses han dicho que es una pésima idea gastar 7 mil millones de dólares en una valla fronteriza. La migración se replegará a los parajes (más) desolados donde el muro no esté; las muertes y el sufrimiento aumentarán, etcétera.
Pero los estadounidenses están preocupados por su seguridad y exigen que sus representantes controlen los cruces ilegales a su territorio. Por eso a sus legisladores no les importa insultar la política del buen vecino con México al levantar una barda de 700 millas. Lo que ellos quieren es mantener sus empleos al ganar la elección del próximo 7 de noviembre.
Las marchas que movilizaron a millones de inmigrantes en la primavera generaron un movimiento con una fuerza inédita. Sin embargo, los errores de los dirigentes de dicho movimiento debilitaron su legitimidad e imagen.
El comité que organizó dos megamarchas en Chicago planeó una caminata hasta la oficina del líder de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert. Entonces, además de aceptar donaciones de tortas y refrescos, también tomaron un donativo de 30 mil dólares de la cervecera Miller. El desacierto fue reportado en la portada del diario Chicago Tribune.
Otro caso es el de Elvira Arellano, una inmigrante que se refugió en una iglesia para revelarse a ser deportada. Arellano fue líder en las manifestaciones proinmigrantes, pero ahora, encerrada en una iglesia, decidió enviar a su hijo por el país como su embajador.
Saúl Arellano, de siete años, quien padece un desorden de hiperactividad, fue llevado igual a Los Ángeles a encabezar una marcha, que a Miami al Show de Cristina, donde recibió improperios de un miembro de los Minuteman. En ambos casos, la opinión pública reprobó la burda utilización que se hace del menor.
Las elecciones intermedias del próximo 7 de noviembre son la coyuntura aprovechada por los conservadores para mostrar una hipócrita preocupación por la seguridad al autorizar el muro. Pero no hay que soslayar los errores cometidos por los líderes del movimiento proinmigrante.
En su afán de protagonismo, los líderes desviaron la atención de la reforma migratoria con decisiones de corta visión. Pero, ¿por qué habríamos de extrañarnos? Tal vez esa sea sólo una manifestación de la cultura política que cruza la frontera con nosotros desde México.

Editorial publicada en el Universal el 23 de Septiembre del 2006 por Antonio Rosas-Landa Méndez

Immigration’s Lost Year

Congressional leaders and President Bush insisted for months that they were serious about fixing the immigration system. They weren’t, and the more talk you hear about border security, about building walls and getting tough this time, the clearer it will be that hopes for effective immigration reform this year are past saving, pinned down by strong arms in the Republican-controlled House and kicked until dead.
The latest proposals are the product of a Republicans-only “forum” last week that distilled the bilge water of a summer’s worth of immigration “hearings,” which were actually badly disguised campaign events. The hearings — with titles like “How Does Illegal Immigration Impact American Taxpayers and Will the Reid-Kennedy Amnesty Worsen the Blow?” — were show trials put on to destroy comprehensive reform by any means necessary. “What I wanted was witnesses who agree with me, not disagree with me,” said Representative Charlie Norwood of Georgia, putting it perfectly.
The “Reid-Kennedy Amnesty,” by the way, refers to the now-defunct Senate immigration bill, which passed that Republican-controlled body with the support of stalwarts like Arlen Specter, John McCain, Mel Martinez, Bill Frist, Chuck Hagel and the most prominent Republican of all, Mr. Bush. One of the many signs of the hysteria accompanying this election season is the way their moderate approach to immigration has been tarred as wholesale “amnesty” for lawbreakers.
Like the summer hearings, the latest G.O.P. legislation is an empty vessel, a sham product aimed at the November elections that sells the test-marketed concept of “security” with little to back it up. By decreeing that a 700-mile fence should be the nation’s top immigration priority while rabidly opposing a path to legal status for illegal immigrants, the House Republicans are hotly pursing a failed strategy. What satisfies the talk-radio appetite for justice — wall ’em out and deport the rest — is not just needlessly cruel. It also won’t work.
If the House Republicans have their way and enforcement-only becomes our national policy, illegal immigrants will keep their heads down and keep working, cowed into accepting low pay and abuse, dragging down working conditions for everybody else. Lawlessness among the employers who hire them will be encouraged. If you like this world of illegality, anonymity and under-the-table cash, then the House Republican approach is the one for you.
Real immigration security means separating the harmful from the hard-working. It means imposing the rule of law on the ad-hoc immigrant economy. It means freeing up resources so that overburdened law-enforcement agencies can restore order at the border and in the workplace. It means holding employers, not just workers, responsible for obeying the law. And it means tapping the energy of vast numbers of immigrants who dream of becoming citizens and who can make the country stronger.
These are huge tasks, and the anti-immigrant forces have nothing to contribute. They are out of ideas, except about getting re-elected. Their calculated inaction and half-measures mock Americans’ support for comprehensive reform, which has been repeatedly confirmed in opinion polls.
We will see whether the November elections will make the travesty worth it for the immigrant-bashers, but for the nation it has become a lost year.

Editorial publicada en el New York Times el 20 de Septiembre del 2006

Fenómeno Migratorio en México

Según datos de las Naciones Unidas, México es ya el principal país expulsor del mundo, superando a las naciones más pobladas del orbe: China e India. México es único país en vías de desarrollo en el mundo que comparte una frontera de más de 3,500 kilómetros con un país altamente desarrollado, lo que provoca que la emigración sea vista como un medio idóneo de movilidad social.

La migración representa un mejor nivel de vida para las familias de los migrantes, una entrada importante de divisas para el país, y la provisión de mano de obra barata para el país receptor; si esto es así, ¿cuál es entonces el problema de que los mexicanos salgan de su país en busca de mejores opciones de vida en nuestro vecino del norte?

Un primer punto que hay que destacar es que más del 60% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos llegan a ese país de manera ilegal. La migración indocumentada representa una violación a las leyes de población, y es por tanto repudiada por amplios sectores de la sociedad estadounidense. La condición de ilegalidad hace más propensos a los migrantes a sufrir violaciones en sus derechos tanto humanos como laborales, y provoca el encono de los trabajadores legales en aquel país, nativos e inmigrantes, pues tienen que competir con los inmigrantes indocumentados por algunos puestos de trabajo. La condición de ilegalidad permite también que los salarios que se pagan a los trabajadores sean menores a los salarios mínimos, lo que genera presiones a la baja en toda la escala de remuneraciones.

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de los mexicanos entren a Estados Unidos de manera ilegal promueve la separación de las familias y la exposición de los migrantes a un sinnúmero de riesgos en sus viajes. Esta situación aumenta los grados de vulnerabilidad de los migrantes y sus familias, y hace necesario el diseño de políticas públicas para apoyar a todos aquellos involucrados en el proceso migratorio.

La llegada de migrantes mexicanos indocumentados a las comunidades estadounidenses de mayor atracción provoca una mayor demanda por servicios públicos como educación, salud y vivienda, lo que satura las instalaciones, encarece los costos y hace necesario el aumento de las tarifas impositivas para el financiamiento de esos servicios a nivel local.

Un programa realista de trabajo temporal para mexicanos en Estados Unidos promovería una migración legal y ordenada, lo cual disminuiría los costos de la migración para México y aumentaría los beneficios de la misma en EEUU.

¿Qué debe entonces hacer nuestro gobierno para promover una reforma migratoria benéfica para ambos países? ¿De qué dimensión es el flujo de migración mexicana indocumentada en Estados Unidos? ¿Qué papel juegan los organismos internacionales en la generación de un proceso migratorio que beneficie tanto al país expulsor como al receptor? Esto y más lo podrás discutir a profundidad en la serie de talleres sobre migración que el Programa de Asuntos Migratorios y el Departamento de Estudios Internacionales están organizando para ti. Expositores altamente reconocidos en el estudio de la migración estarán compartiendo con nosotros sus experiencias. No faltes. Este 7 de octubre es la cita.

Liliana Meza González
Coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la UIA

Migrating to Modernity

After the terrorist attacks of 2001, voters understood that poor failed states could hurt them. President Bush launched a smart new foreign aid program and multiplied the U.S. commitment to fighting HIV-AIDS, and rich countries around the world boosted development spending. But our approach toward poor countries remains confined, idiotically, to the debt-aid-trade box. People don't see that other policies in rich countries have a major impact on poor ones.
Consider immigration. Just about all rich countries are arguing about border enforcement, employer sanctions and so on, but nobody relates this stuff to the parallel arguments about development. Contemplating the noisy immigration politics in the United States, Gawain Kripke of Oxfam confesses, "we've been mostly bystanders in the debate, and I really regret that."

Development charities such as Oxfam certainly should feel sorry. In " Let Their People Come ," a new book published by the Center for Global Development, Lant Pritchett reports that if rich countries permitted extra immigration equivalent to 3 percent of their labor force, the citizens of poor countries would gain about $300 billion a year. That's three times more than the direct gains from abolishing all remaining trade barriers, four times more than the foreign aid given by governments and 100 times more than the value of debt relief.
It's true that there's a downside to immigration from poor countries. This isn't that it depresses wages in the United States; researchers find that this effect is small or nonexistent . Rather, it's that when doctors, nurses and other skilled people leave Africa, they hit the development process in its weak spot . A lack of trained workers is a more serious obstacle to poverty reduction than any lack of money.
Still, Pritchett's numbers show that the development gains from migration swamp the brain-drain problem. For the migrants themselves, a ticket to the rich world is the fast track out of poverty: A laborer who moves from San Salvador to Phoenix can multiply his income without altering the type of work he does or how good he is at it. And this process benefits developing countries, too. Migrants send home remittances, which exceed aid flows and are probably more effective, since the migrants ensure that their hard-earned cash is used productively by relatives. After a few years the migrants may return home armed with savings and ideas. The brain drain becomes a brain gain.
So migration ends up as a net plus for development. But a development-friendly migration debate would sound different from the current one. Immigration advocates in the rich world feel most comfortable making the case for allowing in skilled workers. Skilled migrants, however, trigger the biggest brain-drain concerns; allowing in unskilled workers does more to reduce global poverty. Equally, immigration advocates tend to want arriving workers to assimilate. But the best way to promote development is to allow a rolling cohort of poor workers to amass savings and experience -- and then return to their own countries.
Many immigration experts insist that a guest-worker program isn't feasible: As the old saying goes, there's nothing more permanent than a temporary worker. This is where Pritchett gets really interesting. Germany's Turkish guest workers have put down roots, he concedes, but Singapore, Hong Kong and the Arab Gulf states have taken in vast numbers of foreign workers who leave after a few years. Perhaps this is only possible in authoritarian states? Pritchett's answer is partly no, and partly that there are worse things than authoritarianism.
If the United States offered Mexico a million temporary work visas, it could attach conditions. It could stipulate that these workers be recruited by agencies in Mexico, which would screen candidates for criminal records, require minimal English skills -- and ensure repatriation. The agencies could do that, for example, by withholding some of the migrants' pay until they returned home. An agency that failed to bring people back could be ejected from the program.
Enforcing repatriation would still require tough government action. The United States would have to decide what to do about migrants who marry Americans, which is one obvious way in which temporary guests turn permanent. Singapore deals with this problem by denying guest workers the right to marry citizens. That is beyond the pale, you say? But if desperately poor migrants accept the no-marriage condition in exchange for a visa, who are we to second-guess them?
Pritchett is getting at a ticklish issue. Because the immigration debate is conducted without reference to development, it is couched in terms of American ideals; we don't want to let people in and then treat them harshly, for that would offend our own self-image. But if you bring development into the picture, it's obvious that extremely harsh poverty afflicts billions of people and that opportunities to alleviate this suffering are few and precious. An expanded temporary worker program is one such opportunity. If American ideals stand in its way, what does that say about them?

Editorial publicada en el Washington Post el 18 de Septiembre del 2006 por Sebastian Mallaby

Conferencia Internacional de Migración

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